Los sucesos de Aspe en 1937, la causa Calpena.
Ramón Calpena Cañizares
Durante los sucesos dos miembros de una familia de industriales murieron apaleados y un tercero quedó mal herido. Se trata de sucesos documentados, hemos seguido dos trabajos que creemos se complementan, los trabajos hacen una descripción minuciosa de los hechos y aunque que no le quitan gravedad a lo ocurrido, intentan en cierto modo excusar a la República y después cargar contra el franquismo.
"Una vez comenzada la guerra, en Aspe 117 vecinos fueron considerados desafectos, hubo un «paseo» y el linchamiento de dos personas. Respecto al «paseo», se produjo en una fecha, febrero de 1937, en la que ya eran excepcionales. La víctima fue un propietario agrícola (que no estaba incluido entre los «desafectos») y el informe de la Guardia Civil cita a cuatro sospechosos: un militante comunista que se exilió, un socialista (de nuevo guardia municipal) que sería fusilado en la postguerra, y dos más de los que desconocemos sus militancias. El 7 de julio de 1937 fueron linchados Ramón Calpena Cañizares de 74 años de edad, industrial y teniente de Alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera y su hijo Luis Calpena Pastor... Un tercer familiar, yerno de Calpena Cañizares, Javier González Avellán, resultó gravemente herido…."
Registro de desafectos a la República de la Caja General de Reparaciones de Guerra
"Pero las peticiones para que otras personas fueran detenidas no cesaban y cada partido político y central sindical tenía elaborada una lista de personas que, según ellos, debían ser arrestadas. Por esta razón, el 29 de agosto de 1936, se convocó una reunión de todos los partidos políticos y sindicales que integraban el Frente Popular Antifascista de Aspe en el Teatro Wagner. En esta reunión se discutió qué debían hacer con las personas que ellos consideraban desafectas al régimen y que todavía se encontraban viviendo en la población. Tras la lectura de varios escritos y el acuerdo de los asistentes, se levantó un acta que incluía un listado de personas de derechas para su detención y puesta a disposición del gobernador civil de la provincia".
"Un primer listado contenía la relación de 24 personas: 23 hombres y una mujer. Finalmente, se eliminó a la mujer del listado y se añadieron 14 personas más, un total de 37 personas. Ese mismo día fueron detenidas la mayoría de ellas y encarceladas en el depósito municipal, situado en la última planta del edificio del ayuntamiento de Aspe. Unas dos semanas después, 20 de ellas fueron trasladadas y recluidas en el Reformatorio de Adultos de Alicante y, otras dos, en barcos prisión anclados en el puerto de Alicante. Los restantes fueron puestos en libertad".
"Personas anotadas en el acta de 29 de agosto de 1936 y detenidas ese mismo día: Vicente Almodóvar Vicedo, Manuel Berenguer Esquembre, Antonio Bernal Caparros, Juan Bautista Bernal Pujalte, Gerónimo Bonmatí, Luis Botella Gazó, Luis Botella López, Vicente Calatayud Almodóvar, Francisco Calatayud Botella, Joaquín Calatayud Urios, Ramón Calpena Cañizares, Luis Calpena Pastor, Vicente Calpena Terol, Vicente Candela Pujalte (sacerdote), Domingo Cervera Alonso, José Cremades Gilabert, Francisco Espinosa Cremades, Manuel Galinsoga Calpena, José Gilabert Vicedo, José González Calpena, Francisco Hernández Botella, Vicente Hernández Cerdán, Ignacio López Castroverde (sacerdote), Emilio Mas Picó, Ramón Pascual Botella, Vicente Prieto Cerdán, León Puerto Navarro, Emilio Ros Almodóvar y Mauricio Sánchez Amorós. El día 11 de septiembre se arrestó a dos personas más que en agosto se encontraban ausentes de la población: José Calatayud Gil y Antonio Jiménez".
"Entre septiembre y diciembre de 1936 se realizaron 12 detenciones más, todas ellas a causa de delaciones. En Alicante, el 21 de septiembre, miembros del Frente Popular de Aspe detuvieron al antiguo secretario municipal, Alfredo Lermes López, acusado de ultraderechista. Fue entregado a la policía en esa ciudad y trasladado al Reformatorio de Adultos de Alicante". (**)
"El 27 de febrero de 1937 fueron juzgados por el Tribunal Popular de Alicante... cinco vecinos de Aspe acusados de conspiración para la rebelión. Se trataba de Ramon Calpena Canizares, de setenta y cuatro años, su hijo Luis Calpena Pastor, de treinta y tres, y su yerno Javier Gonzalez Avellan, de cuarenta y nueve, todos ellos propietarios y administradores de una fabrica de alpargatas y sandalias, el sacerdote Ignacio Lopez Castroverde y Jose Pujalte Calatayud, contra el cual acabo retirando las acusaciones el fiscal. Los Calpena habían sido detenidos entre julio -Javier Gonzalez- y agosto -Ramon y Luis Calpena- de 1936 y permanecían desde entonces en prision preventiva. En los interrogatorios, todos ellos negaron pertenecer a Falange, aunque aceptaron su relacion con la Derecha Regional Agraria o haber sido, como Ramon Calpena, concejal durante la dictadura de Primo de Rivera. El sacerdote negó haber hecho propaganda contra el régimen republicano desde el pulpito y González Avellan nego haber sido el autor de la información a la Guardia Civil sobre una reunión clandestina en la sede del PCE, en octubre de 1934, que motivo la detención de varias personas, que permanecieron privadas de libertad durante mas de dos meses... una serie de testigos "acusaron a los procesados de hacer propaganda derechista, dar vivas a Falange, hacer el saludo fascista, no dar trabajo a quienes no votaban a las derechas y haber, en efecto, denunciado la citada reunión comunista a la Guardia Civil. Por la defensa intervino únicamente un testigo, Avellan Hernandez, que señalo como los Calpena, con su industria, habían engrandecido a Aspe y nunca "se habían metido en política". El fiscal mantuvo sus acusaciones de conspiración para la rebelión y el jurado popular, formado por representantes de partidos y sindicatos afectos al Frente Popular, los considero culpables de un delito de proposición para la rebelión militar definido y sancionado en el párrafo 2° del articulo 241 del Código de Justicia Militar, siendo condenados a internamiento en un Campo de Trabajo -Ramon Calpena, durante dos años, y el resto de los acusados, durante tres-, y a pagar mancomunadamente al estado la suma de 80.000 pesetas, sirviéndoles de abono para el cumplimiento de la pena el tiempo que llevaban en prisión preventiva".
"La familia de los Calpena fue internada en el Campo de Trabajo de Totana. Poco después, en abril, solicitaron el indulto, con la argumentación de que su presencia como técnicos era imprescindible para el funcionamiento de la fabrica, convertida entonces en industria de guerra, y acompañaban su petición con un escrito de numerosos obreros de su fabrica, que a la necesidad de contar con la dirección técnica de los Calpena, añadían que no les consideraban ni desafectos ni conspiradores contra el Régimen, recordando ademas que la denuncia contra ellos no había partido del gremio de alpargateros; finalmente, se acompañaba también la copia de un contrato entre la fabrica y la Junta de Compras de Material del Ministerio de la Guerra por valor de 95.750 pesetas. El Consejo Municipal informo negativamente sobre esa peticién de libertad de los Calpena..." (*)
"El 4 de diciembre, Ramón Calpena Pastor y su sobrino Francisco Javier González Calpena, fueron detenidos por orden del alcalde en funciones, Francisco Alcaraz Soria, junto a cinco operarios de la fábrica de Ramón Calpena Cañizares, porque estaban promoviendo una recogida de firmas entre los obreros de la fábrica para que se incorporasen a la petición de indulto que miembros de la familia de los industriales alpargateros querían elevar al Tribunal Supremo de la República. Fueron liberados a los pocos días. Entre ellos se encontraba Vicente Michavila, «el Herrero»". (**)
"Sin embargo, el Tribunal Supremo acabo aceptando la propuesta de los obreros de la fabrica de los Calpena para que se les conmutase la pena de internamiento en un Campo de Trabajo por la de confinamiento en su propia localidad, Aspe, bajo la vigilancia de la autoridad municipal, de modo que pudiesen asi atender a las necesidades de la fabrica".
"La conmutacion de la pena comenzaba a aplicarse a partir del 6 de julio de 1937, día en que los indultados se presentaron en el pueblo cerca de la media noche, acompañados del teniente coronel del Ejercito e inspector del Cuerpo de Seguridad, Wenceslao Moreno Esteban, quien inmediatamente se personó en el Ayuntamiento -reunido en sesión pública- para notificar al alcalde la llegada de los Calpena y el sometimiento de estos a su autoridad, que a su vez debía prestar protección a los confinados".
"En las horas que transcurrieron desde la media noche del 6 hasta las primeras horas del siguiente día, se movilizaron diversas personas para extender por el pueblo la noticia de la llegada de los Calpena y concitar contra estos "unas iras que no sufrieron en los momentos álgidos del levantamiento militar". Según el juez instructor del proceso que se vio luego en Valencia, dos concejales -Francisco Alcaraz Soria y Luis Verdu Miralles, miembros del Partido Comunista- mostraron especial interés en divulgar este hecho, que presentaron como una especie de burla a los designios populares de justicia, ocultando que, en realidad, no habían sido puestos en libertad, sino confinados".
"Sobre las ocho y media de la mañana, un grupo de unas veinte personas se dirigió al domicilio de Ramon Calpena y su yerno, donde se hallaban de vigilancia dos Guardias Municipales -Santonja y Asensi- con la misión de impedir la fuga de los moradores y en cumplimiento de las ordenes del Ayuntamiento, y armados con palos, invadieron violentamente el domicilio y los sacaron a la calle, conduciéndoles entre golpes e insultos hasta la plaza del Ayuntamiento. Ramón Calpena fue derribado a unos doce metros de la puerta de la Casa Consistorial y golpeado hasta la muerte, mientras que también allí era abandonado el cuerpo de Javier González, que sufrió graves lesiones de las que tardo en curar más de 45 días".
"A la misma hora aproximadamente -en concreto, a las ocho y cuarto de la mañana del día 7- se producía una escena análoga ante el domicilio de Luis Calpena, custodiado por el guardia municipal Cervera...". (*)
"...ese momento, un grupo de personas, algunas con palos, llegaban al lugar, procedentes de la plaza, de la que solo dista unas decenas de metros. El guardia se retiró a un lado y la gente comenzó a dar golpes en la puerta gritando: «salir, provocadores». Una familia de refugiados que habitaban en la casa se asomó por el balcón del piso superior, preguntando qué ocurría. Les invitaron a que se metieran dentro y cerraran las ventanas, diciéndoles: «no tener miedo que no va nada contra vosotras..."
"Poco después, se abrió la puerta y asomó Luis Calpena, nada más salir, dio tres o cuatro bofetadas al primero que encontró frente a él, haciéndole retroceder y caer al suelo de espaldas, al tiempo que preguntaba si querían apresarle para llevarle detenido. Al momento, se abalanzaron sobre él varias personas propinándole golpes y puntapiés, por lo que se apresuró a salir calle abajo, hacia la plaza. Le persiguieron entre patadas y empujones, y varias personas se le echaban encima propinándole bofetadas. Alguno, incluso, tomando carrera desde el domicilio contiguo de la familia Almodóvar, saltó sobre la víctima dándole un puntapié. Le hostigaron con un objeto metálico punzante y, a la altura de la casa de Ramón Botella Rebagliato, tres casas más allá de la suya, echó a correr entre la gente hasta la puerta del Partido Comunista, instalado en la casa contigua al Casino Primitivo, ya en la plaza de la República. Allí recibió un empujón con zancadilla que le hizo caer al suelo, recibiendo varias patadas al tiempo que le ofrecían un carnet del Partido Comunista. Mientras se encontraba en el suelo fue golpeado repetidas veces con un hierro, como de un trozo de reja, de unos cuarenta o cincuenta centímetros de largo, y varias mujeres se acercaron a él y le pisotearon. Algunas de ellas le golpeaban en la cara con una alpargata. Finalmente le clavaron el hierro en el cuello, dejándolo moribundo, derramando sangre, justo frente de la puerta del local del Partido Comunista". (**)
"Como el fiscal hizo constar en el proceso, los agresores no llevaban armas de fuego, de manera que los únicos armados eran los guardias municipales que custodiaban las viviendas y que, faltando a su deber, no se opusieron a los desmanes ni trataron de defender a quienes estaban confiados a su custodia, "como única encarnación de la fuerza legitima del pueblo": no hay que olvidar, por otro lado, que dos de estos guardias municipales habían actuado como testigos de cargo en el juicio contra los Calpena, en febrero de 1937."
"Reacción de la prensa ante los sucesos
"Liberación criticó la detención de los consejeros municipales, que consideraba una prueba de que no se quería profundizar sobre las autenticas causas de lo ocurrido, limitándose a la tradicional "legalidad jurídica". El caciquismo subsistente en la retaguardia y quienes habían propiciado la liberación de tres fascistas "que el pueblo repudiaba" eran los auténticos causantes de lo ocurrido. En definitiva, concluía el periódico, era necesaria la "modernización" de la justicia y su adaptación a "las nuevas corrientes". Eso suponía que no se podía mantener la tradicional estructura jurídica que se sostenía en pie basada en concepciones tan falsas como la sociedad capitalista y "la superstición religiosa". La justicia tradicional permitía que el poderoso comprase una patente de hombre honrado, mediante las maniobras de los leguleyos, y en cambio, la ley aplastase a los trabajadores "que molestaban la digestión de los adinerados". Por ello, el pueblo de Aspe -como el de Fuenteovejuna-, con su "magnífico gesto", "digno y arrogante", había escrito "una gloriosa epopeya". Porque, "como el pueblo es soberano, lo que ha hecho el pueblo esta por encima de lo que haya hecho un representante del pueblo, una autoridad del pueblo o una institución del pueblo, que a lo sumo debe limitarse a aceptar como bueno todo lo que haga el pueblo por su soberana voluntad". "La actuación del Juzgado de Instrucción -al que desde otras opciones políticas se criticaba también, por su "dureza", propia de otros tiempos inquisitoriales- era una prueba más de la labor de quienes "se han empeñado en desviar la revolución, devolviendo a los caciques de antaño a los cauces de su dominio". Liberación, pues, englobaba todo lo ocurrido -y, en realidad, toda la represión antifascista- en la idea de que "los pueblos deben ser libres y autónomos hasta para aplicar su justicia".
"En cuanto al diario comunista Nuestra Bandera, que salio a la luz pública por esas fechas, no informo de los sucesos, pero comento la marcha de la investigación sobre los mismos, iniciada por el Juzgado de Instrucción de Novelda. Una de las primeras medidas tomadas por la justicia fue el encarcelamiento de todos los componentes del Consejo Municipal, decisión que desato las críticas de la prensa de todas las tendencias, aunque fueron pronto puestos en libertad. Nuestra Bandera aplaudió la liberación de los concejales, argumentando que estos habían hecho todo lo posible para evitar "que las cosas llegaran a tanto", frente a la "imprevisión" de organismos superiores al permitir el regreso de los Calpena a Aspe, medida que el pueblo -con su trayectoria antifascista y recordando a sus hijos muertos en el campo de batalla- considero inaceptable, una auténtica ofensa. Ademas, la presencia de los citados empresarios no era técnicamente necesaria para la marcha de la industria, pues su papel podía haber sido perfectamente desempeñado por "auténticos técnicos antifascistas".
"El Comité local de Aspe del Partido Comunista publicó el 10 de julio de 1937 una hoja dirigida "al pueblo" en la que daba a conocer su opinión ante estos "dolorosos sucesos"". Comenzaba recordando que lo que se estaba produciendo en España no era "una pequeña escaramuza" entre el gobierno y unos militares traidores, sino "una lucha a muerte entre la España feudal y la España liberal, entre el despotismo y la libertad, entre la sociedad podrida del vil capitalismo y la sociedad generosa, tolerante, llena de efluvios y armónicas concepciones políticas, sociales y económicas que nos señalan un norte seguro que nos conducirá hacia la Sociedad, llena de venturas y de idealidad, del socialismo". En definitiva, una lucha a muerte entre grandes capitalistas y terratenientes, amparados en el fascismo, y el pueblo laborioso que de todo carecía y que no quería ya vivir una vida de oprobio y esclavitud".
"La "desgraciada familia Calpena", incapaz de adaptarse a estos nuevos tiempos, estaba cumpliendo "una dulce condena" que le impuso un Tribunal Popular magnánimo y generoso, pues "a otros muchos fascistas, con un pasado menos oprobioso en su actuación politica y patronal, se les fusilo". Pero no se conformaron con ello y así se llego a la noche del 6 de julio, "noche de gran estupor para los amantes de la justicia", una noche que "no se borrará de nuestra memoria" nunca, "por la responsabilidad moral que la acción de unos locos devolvía a las autoridades y al pueblo antifascista". Un jefe militar comunicó al alcalde que había llevado a Aspe a los Calpena y pese a las protestas del alcalde de que él no podía hacerse responsable de lo que les pudiese ocurrir a personas que "todo el pueblo repudia", se marcho. Ante eso, el camarada presidente del Consejo Municipal convoco a Consejo a las organizaciones políticas y sindicales y acordaron "para evitar un día de luto al pueblo de Aspe", meter en la cárcel a los Calpena "y de esa manera poder responder de sus vidas", mientras se hablaba con el Gobernador para pedirle su inmediato traslado a Totana, porque "sabíamos que el pueblo no podría tolerar ni un momento tal provocación".
"Pero no se atendió a "tan sabias como humanitarias advertencias". La noticia de la presencia de los Calpena corrió por el pueblo como reguero de pólvora y el pueblo se sintió burlado, una vez más, en "sus más caros sentimientos de amor a la justicia" e hizo "lo que todos los hombres de elevados ideales de humanidad repudian". Enloquecido al verse burlado, se tomo la justicia por su mano. "¡Doloroso, muy doloroso, son los hechos acaecidos en la mañana del 7 de los corrientes, tristes, muy tristes, pero ténganlo presente los que no quieren darse cuenta, que un pueblo hambriento de justicia es capaz de llegar a las mayores aberraciones cuando no se le da satisfación a sus justas aspiraciones!". La hoja terminaba transfiriendo la responsabilidad de lo ocurrido a quienes, con su actitud soberbia y vanidosa, habían provocado el linchamiento, sobre el cual el Partido Comunista declinaba "toda responsabilidad moral en este doloroso acto"".
"Según Pluma Roja, portavoz del PCE en Novelda, los comunistas no habían tenido ni arte ni parte en los acontecimientos, pero, añadían, lo ocurrido se debió a que el pueblo de Aspe se sintió provocado y, siendo mejor conocedor y juzgador de la actuación de los asesinados que el Tribunal que les juzgo y les puso en libertad, actuó en consecuencia, excitado también por las bravatas y amenazas del militar que les custodiaba. Tras afirmar que los comunistas "tenemos indudablemente, que condenar todo crimen. Pero condenamos con mayor virulencia cuanto significa incitación al crimen. Esto es, al que da pie a que el crimen se cometa", se concluía que, al fin y al cabo, tampoco era tan grave lo ocurrido: "No parece sino que la muerte de unos individuos hubiera de suponer la muerte de la nación o del mundo"".
"El proceso ante el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición
Tras la actuación del Juzgado de Instrucción de Novelda, fueron encarcelados en Valencia veintiún ciudadanos de Aspe, acusados de haber participado en los hechos. Y en diciembre de 1937 empezó el juicio oral contra ellos, ante el Tribunal Especial contra el Espionaje y Alta Traición, que había sido creado el 23 de junio de 1937 para entender de "los actos de espionaje, alta traición, derrotismo y todos aquellos que significan una agresión, mas o menos encubierta, contra el régimen"".
"La conmutacion de la pena comenzaba a aplicarse a partir del 6 de julio de 1937, día en que los indultados se presentaron en el pueblo cerca de la media noche, acompañados del teniente coronel del Ejercito e inspector del Cuerpo de Seguridad, Wenceslao Moreno Esteban, quien inmediatamente se personó en el Ayuntamiento -reunido en sesión pública- para notificar al alcalde la llegada de los Calpena y el sometimiento de estos a su autoridad, que a su vez debía prestar protección a los confinados".
"En las horas que transcurrieron desde la media noche del 6 hasta las primeras horas del siguiente día, se movilizaron diversas personas para extender por el pueblo la noticia de la llegada de los Calpena y concitar contra estos "unas iras que no sufrieron en los momentos álgidos del levantamiento militar". Según el juez instructor del proceso que se vio luego en Valencia, dos concejales -Francisco Alcaraz Soria y Luis Verdu Miralles, miembros del Partido Comunista- mostraron especial interés en divulgar este hecho, que presentaron como una especie de burla a los designios populares de justicia, ocultando que, en realidad, no habían sido puestos en libertad, sino confinados".
"Sobre las ocho y media de la mañana, un grupo de unas veinte personas se dirigió al domicilio de Ramon Calpena y su yerno, donde se hallaban de vigilancia dos Guardias Municipales -Santonja y Asensi- con la misión de impedir la fuga de los moradores y en cumplimiento de las ordenes del Ayuntamiento, y armados con palos, invadieron violentamente el domicilio y los sacaron a la calle, conduciéndoles entre golpes e insultos hasta la plaza del Ayuntamiento. Ramón Calpena fue derribado a unos doce metros de la puerta de la Casa Consistorial y golpeado hasta la muerte, mientras que también allí era abandonado el cuerpo de Javier González, que sufrió graves lesiones de las que tardo en curar más de 45 días".
"A la misma hora aproximadamente -en concreto, a las ocho y cuarto de la mañana del día 7- se producía una escena análoga ante el domicilio de Luis Calpena, custodiado por el guardia municipal Cervera...". (*)
"...ese momento, un grupo de personas, algunas con palos, llegaban al lugar, procedentes de la plaza, de la que solo dista unas decenas de metros. El guardia se retiró a un lado y la gente comenzó a dar golpes en la puerta gritando: «salir, provocadores». Una familia de refugiados que habitaban en la casa se asomó por el balcón del piso superior, preguntando qué ocurría. Les invitaron a que se metieran dentro y cerraran las ventanas, diciéndoles: «no tener miedo que no va nada contra vosotras..."
"Poco después, se abrió la puerta y asomó Luis Calpena, nada más salir, dio tres o cuatro bofetadas al primero que encontró frente a él, haciéndole retroceder y caer al suelo de espaldas, al tiempo que preguntaba si querían apresarle para llevarle detenido. Al momento, se abalanzaron sobre él varias personas propinándole golpes y puntapiés, por lo que se apresuró a salir calle abajo, hacia la plaza. Le persiguieron entre patadas y empujones, y varias personas se le echaban encima propinándole bofetadas. Alguno, incluso, tomando carrera desde el domicilio contiguo de la familia Almodóvar, saltó sobre la víctima dándole un puntapié. Le hostigaron con un objeto metálico punzante y, a la altura de la casa de Ramón Botella Rebagliato, tres casas más allá de la suya, echó a correr entre la gente hasta la puerta del Partido Comunista, instalado en la casa contigua al Casino Primitivo, ya en la plaza de la República. Allí recibió un empujón con zancadilla que le hizo caer al suelo, recibiendo varias patadas al tiempo que le ofrecían un carnet del Partido Comunista. Mientras se encontraba en el suelo fue golpeado repetidas veces con un hierro, como de un trozo de reja, de unos cuarenta o cincuenta centímetros de largo, y varias mujeres se acercaron a él y le pisotearon. Algunas de ellas le golpeaban en la cara con una alpargata. Finalmente le clavaron el hierro en el cuello, dejándolo moribundo, derramando sangre, justo frente de la puerta del local del Partido Comunista". (**)
"Como el fiscal hizo constar en el proceso, los agresores no llevaban armas de fuego, de manera que los únicos armados eran los guardias municipales que custodiaban las viviendas y que, faltando a su deber, no se opusieron a los desmanes ni trataron de defender a quienes estaban confiados a su custodia, "como única encarnación de la fuerza legitima del pueblo": no hay que olvidar, por otro lado, que dos de estos guardias municipales habían actuado como testigos de cargo en el juicio contra los Calpena, en febrero de 1937."
"Reacción de la prensa ante los sucesos
Los diarios alicantinos informaron de tan terribles sucesos, desde su particular punto de vista político. El diario republicano El Luchador, que titulaba la información diciendo que en Aspe "hallaron trágica muerte en la plaza del pueblo dos enemigos del régimen republicano y un tercero quedo herido de gravedad", hizo un relato sucinto de los hechos. El diario anarquista Liberación dedico toda una pagina a lo ocurrido, bajo el titular de "Trágicos sucesos en Aspe. Dos fascistas muertos y uno herido de gravedad. El pueblo no quiere fascistas y hace la justicia". Los dos redactores enviados por el periódico a Aspe recordaban los sufrimientos del proletariado de Aspe -"sueldos de hambre, trato de eunucos, desigualdad manifiesta ante la ley"- por obra del cacique Ramon Calpena y como la sublevación fascista vino "como anillo al dedo" para liquidar cuentas con él: el "sentido humanitario" del pueblo hizo que estos se limitase a su detención, junto a su hijo y su yerno. Nadie protestó cuando les fue impuesta una pena "tenue", en el Campo de Trabajo de Totana".
"Liberación criticó la detención de los consejeros municipales, que consideraba una prueba de que no se quería profundizar sobre las autenticas causas de lo ocurrido, limitándose a la tradicional "legalidad jurídica". El caciquismo subsistente en la retaguardia y quienes habían propiciado la liberación de tres fascistas "que el pueblo repudiaba" eran los auténticos causantes de lo ocurrido. En definitiva, concluía el periódico, era necesaria la "modernización" de la justicia y su adaptación a "las nuevas corrientes". Eso suponía que no se podía mantener la tradicional estructura jurídica que se sostenía en pie basada en concepciones tan falsas como la sociedad capitalista y "la superstición religiosa". La justicia tradicional permitía que el poderoso comprase una patente de hombre honrado, mediante las maniobras de los leguleyos, y en cambio, la ley aplastase a los trabajadores "que molestaban la digestión de los adinerados". Por ello, el pueblo de Aspe -como el de Fuenteovejuna-, con su "magnífico gesto", "digno y arrogante", había escrito "una gloriosa epopeya". Porque, "como el pueblo es soberano, lo que ha hecho el pueblo esta por encima de lo que haya hecho un representante del pueblo, una autoridad del pueblo o una institución del pueblo, que a lo sumo debe limitarse a aceptar como bueno todo lo que haga el pueblo por su soberana voluntad". "La actuación del Juzgado de Instrucción -al que desde otras opciones políticas se criticaba también, por su "dureza", propia de otros tiempos inquisitoriales- era una prueba más de la labor de quienes "se han empeñado en desviar la revolución, devolviendo a los caciques de antaño a los cauces de su dominio". Liberación, pues, englobaba todo lo ocurrido -y, en realidad, toda la represión antifascista- en la idea de que "los pueblos deben ser libres y autónomos hasta para aplicar su justicia".
"En cuanto al diario comunista Nuestra Bandera, que salio a la luz pública por esas fechas, no informo de los sucesos, pero comento la marcha de la investigación sobre los mismos, iniciada por el Juzgado de Instrucción de Novelda. Una de las primeras medidas tomadas por la justicia fue el encarcelamiento de todos los componentes del Consejo Municipal, decisión que desato las críticas de la prensa de todas las tendencias, aunque fueron pronto puestos en libertad. Nuestra Bandera aplaudió la liberación de los concejales, argumentando que estos habían hecho todo lo posible para evitar "que las cosas llegaran a tanto", frente a la "imprevisión" de organismos superiores al permitir el regreso de los Calpena a Aspe, medida que el pueblo -con su trayectoria antifascista y recordando a sus hijos muertos en el campo de batalla- considero inaceptable, una auténtica ofensa. Ademas, la presencia de los citados empresarios no era técnicamente necesaria para la marcha de la industria, pues su papel podía haber sido perfectamente desempeñado por "auténticos técnicos antifascistas".
"La "desgraciada familia Calpena", incapaz de adaptarse a estos nuevos tiempos, estaba cumpliendo "una dulce condena" que le impuso un Tribunal Popular magnánimo y generoso, pues "a otros muchos fascistas, con un pasado menos oprobioso en su actuación politica y patronal, se les fusilo". Pero no se conformaron con ello y así se llego a la noche del 6 de julio, "noche de gran estupor para los amantes de la justicia", una noche que "no se borrará de nuestra memoria" nunca, "por la responsabilidad moral que la acción de unos locos devolvía a las autoridades y al pueblo antifascista". Un jefe militar comunicó al alcalde que había llevado a Aspe a los Calpena y pese a las protestas del alcalde de que él no podía hacerse responsable de lo que les pudiese ocurrir a personas que "todo el pueblo repudia", se marcho. Ante eso, el camarada presidente del Consejo Municipal convoco a Consejo a las organizaciones políticas y sindicales y acordaron "para evitar un día de luto al pueblo de Aspe", meter en la cárcel a los Calpena "y de esa manera poder responder de sus vidas", mientras se hablaba con el Gobernador para pedirle su inmediato traslado a Totana, porque "sabíamos que el pueblo no podría tolerar ni un momento tal provocación".
"Pero no se atendió a "tan sabias como humanitarias advertencias". La noticia de la presencia de los Calpena corrió por el pueblo como reguero de pólvora y el pueblo se sintió burlado, una vez más, en "sus más caros sentimientos de amor a la justicia" e hizo "lo que todos los hombres de elevados ideales de humanidad repudian". Enloquecido al verse burlado, se tomo la justicia por su mano. "¡Doloroso, muy doloroso, son los hechos acaecidos en la mañana del 7 de los corrientes, tristes, muy tristes, pero ténganlo presente los que no quieren darse cuenta, que un pueblo hambriento de justicia es capaz de llegar a las mayores aberraciones cuando no se le da satisfación a sus justas aspiraciones!". La hoja terminaba transfiriendo la responsabilidad de lo ocurrido a quienes, con su actitud soberbia y vanidosa, habían provocado el linchamiento, sobre el cual el Partido Comunista declinaba "toda responsabilidad moral en este doloroso acto"".
"Según Pluma Roja, portavoz del PCE en Novelda, los comunistas no habían tenido ni arte ni parte en los acontecimientos, pero, añadían, lo ocurrido se debió a que el pueblo de Aspe se sintió provocado y, siendo mejor conocedor y juzgador de la actuación de los asesinados que el Tribunal que les juzgo y les puso en libertad, actuó en consecuencia, excitado también por las bravatas y amenazas del militar que les custodiaba. Tras afirmar que los comunistas "tenemos indudablemente, que condenar todo crimen. Pero condenamos con mayor virulencia cuanto significa incitación al crimen. Esto es, al que da pie a que el crimen se cometa", se concluía que, al fin y al cabo, tampoco era tan grave lo ocurrido: "No parece sino que la muerte de unos individuos hubiera de suponer la muerte de la nación o del mundo"".
"El proceso ante el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición
Tras la actuación del Juzgado de Instrucción de Novelda, fueron encarcelados en Valencia veintiún ciudadanos de Aspe, acusados de haber participado en los hechos. Y en diciembre de 1937 empezó el juicio oral contra ellos, ante el Tribunal Especial contra el Espionaje y Alta Traición, que había sido creado el 23 de junio de 1937 para entender de "los actos de espionaje, alta traición, derrotismo y todos aquellos que significan una agresión, mas o menos encubierta, contra el régimen"".
"El fiscal presento en octubre sus Conclusiones provisionales, considerando que los hechos ocurridos "por su extrema gravedad de ofensa directa a la decisión del mas alto Tribunal de la República perjudican extraordinariamente la defensa del Régimen, el normal funcionamiento de los servicios civiles de Justicia, quebrantan la disciplina colectiva en forma tal que pudiendo debilitar la autoridad del Gobierno, podían comprometer el prestigio internacional de nuestra República".
"Entre agosto y noviembre de 1937 distintas organizaciones políticas y sindicales de Aspe hicieron llegar al Juez Instructor una serie de certificados que demostraban la absoluta fidelidad a la República de muchos de los procesados y su carácter de convencidos militantes antifascistas. La agrupación del Partido Comunista de Aspe aseguraba que habían observado en todo momento "una inmejorable conducta en disciplina y moralidad" y recordaba la actividad desplegada por ellos en defensa de "la causa de la República y del proletariado", llegando a decir de alguno que "toda su vida la dedicó a la lucha por las libertades democráticas y la emancipación de los trabajadores". En términos similares, destacando la trayectoria de "obrero consciente" de muchos de ellos, se pronunciaron el Partido Socialista y la Juventud Socialista Unificada. Desde el punto de vista sindical, informaron el Sindicato del Ramo de la Alpargata y el de Obreros Agrícolas "Los Convencidos", que recordaban las luchas laborales de varios de los procesados, en algún caso desde 1917, sus "cualidades morales", su "conducta intachable", las represalias que contra ellos tomaron los patronos, su encarcelamiento tras la huelga general de octubre de 1934 y su carácter de "gran defensor de la República y de la clase obrera". Ademas, varios de los procesados -de los cuales se decía que no habían tenido "ni harte (sic) ni parte" en los sucesos de julio- habían desarrollado una gran labor desde el comienzo de la guerra, organizando convoyes para el frente, marchando como voluntarios al Ejercito Popular y tomando decisiones en el Consejo Municipal en defensa siempre de "las necesidades de la clase proletaria". Los avales, tal vez tratando de responder a la acusación de que los procesados habían causado graves perjuicios a la República, insistían una y otra vez en que se trataba de personas que siempre habían sido buenos defensores de la República y declarados antifascistas".
"En el interrogatorio, los acusados negaron su participación en los hechos. Los dos concejales del PCE considerados inductores de los hechos, Alcaraz y Verdu, ademas, recordaron, a preguntas de su defensor, su trayectoria antifascista, añadiendo que cuando estalló la sublevación militar no se maltrato en Aspe a ningún fascista, pues todos los que había en el pueblo fueron entregados a los Tribunales para ser juzgados, y asimismo insistieron en que los trabajadores el pueblo "querían mal" a los Calpena porque siempre habían sido unos caciques".
"El Fiscal presento entonces a dos testigos más: se trataba de los comisionados por el Frente Popular Antifascista provincial para investigar los hechos. El anarquista Antonio Ortega Cubi testificó que de inmediato pudieron comprobar que esos hechos no iban contra el Gobierno, sino contra unos caciques que "desde la Dictadura habían venido sojuzgando a los trabajadores"; que era cierto que el alcalde, ante el malestar existente en el pueblo, solicito el envío de fuerzas de asalto al Gobierno Civil, pero que este no las mando por pensar que no era necesario; que Aspe tuvo una conducta intachable al estallar el movimiento subversivo pues entrego a los tribunales a todos los fascistas que consideraban peligrosos, y que, a su juicio, los procesados no eran culpables "pues fue el pueblo y la muchedumbre en general la que motivo los sucesos y lo mismo que están procesados los veintidós vecinos de Aspe que se sientan en el banquillo, podían estarlo ciento y mas". Y el socialista Luis Caballero Pozo coincidió en considerar que los hechos no iban contra el Gobierno, sino que constituían "un movimiento colectivo de la multitud por su animadversión contra los Calpena, la cual según tiene entendido era justa", añadiendo que podían estar sentados muchos mas en el banquillo y que si se hubiera tomado precauciones no hubieran ocurrido los sucesos, aunque eso era muy difícil asegurarlo".
(Creemos que es un hecho llamativo que el fiscal presentara dos testigos que ayudaban a justificar a los acusados)
"En sus declaraciones, los familiares de los Calpena recogieron el rumor de que era el Partido Comunista el que con mas determinación se oponía a su presencia en la localidad, señalaron concretamente la presencia en los hechos de algunos acusados, armados con palos y un revolver, y negaron que los empresarios fuesen odiados por el pueblo. El alcalde Cánovas narró los hechos ocurridos, afirmó que Aspe siempre había estado al lado del gobierno y que si los Calpena hubiesen ido al Ayuntamiento cuando se les requirió para ello o el Gobernador Civil hubiera enviado fuerzas de Asalto, como se le pidió, se habrían podido evitar los sucesos".
"Tras estas declaraciones, el fiscal formulo sus conclusiones definitivas, asegurando que "en el período sumarial parecía dibujarse la existencia de un delito de alta traición, ya que la muerte de Ramón y Luis Calpena, y las heridas producidas a Javier González, más que una agresión dirigida contra las personas de los mismos parecía un movimiento de protesta contra las autoridades del Gobierno de la República al conceder a los referidos individuos la conmutación de la pena de internamiento en Campo de Trabajo impuesta por el Tribunal Popular de Alicante, por la de confinamiento en el pueblo de Aspe".
"Pero durante el juicio oral -continuo el fiscal- se había podido precisar plenamente que los procesados y la multitud que les auxilio en las agresiones no tenían conocimiento de la conmutación decretada por el Gobierno y creían sinceramente que los citados individuos regresaban al pueblo sin cumplir la pena que se les había impuesto. Por tanto, la actuación delictiva de dichos procesados se dirigió en todo momento contra las personas de las víctimas exclusivamente, por el odio que las mismas habían suscitado entre las masas laboriosas por su caciquismo y su derechismo a ultranza; pero nunca contra la defensa de la República ni contra la disciplina social y con el fin de debilitar la autoridad del Gobierno o la eficacia de sus resoluciones, máxime teniendo en cuenta que todos los procesados eran antifascistas, algunos mutilados de guerra y varios soldados del Ejercito Popular y por ello defensores del Gobierno legítimo, llegando a la conclusión de que solo les movió a sus actos la indignación que les produjo saber en el pueblo a los odiados Calpena, sin pensar remotamente en que lo estaban por orden y disposición del Gobierno".
"Por todo lo cual, el fiscal estimaba que no había delito de alta traición ni ningún otro de la competencia del Tribunal Especial, por lo que retiró la acusación para todos los procesados y solicitó se dictase sentencia absolutoria, remitiendo lo actuado al Tribunal Popular de Alicante, por existir otros hechos delictivos, como asesinato y allanamiento de morada. Lógicamente, las defensas se adhirieron a la peticion del Fiscal y el Tribunal dicto, en consecuencia y tras deliberar breves instantes, sentencia absolutoria para todos los procesados".
"El 11 de enero de 1938 comenzó la vista del proceso ante el Tribunal Popular de Alicante. El fiscal acusaba a los procesados de "autores, cómplices y encubridores" de "dos asesinatos consumados, un asesinato frustrado, allanamiento de morada y provocación a delinquir"... "El Tribunal estaba presidido por Manuel Pomares Monleon, que también había presidido el juicio celebrado contra los Calpena en febrero de 1937"".
"Rodríguez de Vera hizo un planteamiento muy interesante, aludiendo a que, desde hacía meses, estaban siendo juzgados por los Tribunales Populares antifascistas "que vienen a responder de hechos que constituyen una pugna entre la realidad de los hechos vividos y el espíritu frío, anticuado e inoportuno de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". El pueblo, que se personificaba en los procesados, el Jurado, la Sección de Derecho y el Ministerio fiscal "viven en un conflicto ante el que se sobrepone el derecho del pueblo, que es inmanente. Siendo todos pueblo, unos se aferran a la letra de la ley, y por ello se llega al triste resultado de que la voz del fiscal se manifiesta contra el propio pueblo". Las defensas, dijo, habían aportado Claras pruebas de la inocencia de sus defendidos, y hubieran podido aportar más. Pero, ¿para que? "El mejor testigo es el pueblo entero, y cuando en seis meses transcurridos nadie ha querido venir a formular la menor acusación, dice con harta evidencia el pueblo que su voluntad es la de que estos hombres no sean condenados". Termino diciendo que el concepto de justicia había que anteponerlo al de castigo "y si el pueblo soberano de Aspe calla, como es soberano el Jurado, que es pueblo, ha de acatar la voluntad de aquel otro pueblo"".
"El presidente formulo las correspondiente preguntas al Jurado, formado por ocho personas, y este, después de deliberar, dio un veredicto de inculpabilidad, por lo que el fiscal manifestó que procedía absolver a los procesados. La sentencia fue absolutoria y al conocerla, "los procesados y el público prorrumpen en aplausos, vivas a la República y mueras al fascio", en una "explosión de entusiasmo formidable"".
"Para la prensa, se había hecho autentica justicia popular. Los Calpena, "víctimas de su error, al huir de los rigores de la condena de una justicia cayeron en la suprema severidad de la condena de otra justicia". Los "modestos obreros" acusados eran "totalmente ajenos a las acusaciones de que fueron víctimas" y lo ocurrido fue "el fruto de un desbordamiento multitudinario originado en la política derechista y reaccionaria llevada a cabo en Aspe desde mucho antes de la sublevación fascista". En suma, "la emoción y el contento fue la nota sobresaliente en este proceso, que tan buenos resultados dio para la justicia y para el pueblo antifascista en general"". (*)
"La industria de Ramón Calpena Cañizares, sometida a control obrero en septiembre de 1936, como hemos indicado anteriormente, fue ocupada totalmente tras la muerte del industrial en julio de 1937, aunque siguió trabajando en ella en labores de gestión Ramón Calpena Pastor, hijo mayor del propietario. En abril de 1938, se procedió al levantamiento del acta por el delegado de la Caja de Reparaciones de Alicante: Reunidos el apoderado general de las industrias de Ramón Calpena Cañizares, Ramón Calpena Pastor y a presencia de los componentes del comité de fábrica, representantes de los obreros de la misma, el delegado, de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Hacienda, habiendo sido declarado el propietario como desafecto a la República, requirió que se pusiesen a disposición de la Dirección General de la Caja de Reparaciones el importe global del negocio y existencias".
Acta de incautación de la fábrica de alpargatas de Ramón Calpena Cañizares. Septiembre de 1936
"Se declararon como bienes sujetos a expropiación las fincas rústicas de 118 vecinos de Aspe que, previamente, habían sido declarados desafectos a la República por el Servicio de Expropiaciones Rústicas del Estado, a pesar de que muchas de ellas habían sido ocupadas en septiembre de 1936. Se publicaron en el boletín oficial de la provincia varias relaciones de estas personas. Los vecinos de Aspe declarados desafectos se incluyeron en la 23ª,28ª y la 29ª Relación de declarados desafectos a la República por el Servicio de Expropiaciones de Fincas Rústicas sin Indemnización".
"Prácticamente todos los detenidos, e incluso otros que no lo fueron, pero que serían más tarde declarados desafectos a la República, sufrieron la ocupación, requisa o incautación de sus bienes muebles e inmuebles, tanto los referidos a la actividad profesional como los de uso personal y los suntuarios. Tras el desorden de los momentos iniciales, el Estado trató de recuperar el control de la situación, evitando situaciones desproporcionadas y regularizando las incautaciones".
"La CNT incautó la casa de Ramón Calpena Cañizares, situada en la calle Honda, número 15. El acta de incautación se realizó el 2 de mayo de 1938 de forma provisional, aunque la vivienda se encontraba ocupada desde hacía varios meses por la Colectividad Cooperativa Confederal de Trabajadores Campesinos de la CNT – FAI. Una de las formalidades del acta de incautación, reflejada en el texto, es que, en cumplimiento del artículo 4º de la Orden del Ministerio de Hacienda, de 3 de octubre de 1936, se requería al inquilino de la vivienda, en el caso de no estar ocupada por sus propietarios, para que entregase los contratos de inquilinato y demás documentos administrativos relacionados con la administración de la finca. En este caso, en el acta de incautación, se hacía referencia a que el inquilino que ocupaba la finca no tenía contratos ni títulos de la vivienda".
Acta de incautación de la casa de Ramón Calpena Cañizares. Mayo de 1938.
"El delegado de la Caja de Reparaciones, en su visita a la población, realizó un inventario de los objetos muebles que se encontraban en la casa de Ramón Calpena Cañizares, para su valoración y entrega al Estado". (**)
Los tribunales populares además de absolver a culpables de delitos como éstos, condenaban a penas en campos de trabajo, señalaban a enemigos del régimen y dictaban condenas a muerte.
En este caso publicado por la Gaceta de la República, una instancia superior concede la gracia de conmutar la pena de muerte dictada por un tribunal popular por la de cadena perpetua.
Sucesos como estos no fueron una excepción, el linchamiento que se describe es semejante a lo narrado por Ernest Hemingway en su novela "Por quien doblan las campanas", que según Hugh Thomas se aproxima a lo sucedido en la ciudad de Ronda. Los tribunales populares, los campos de trabajo, la declaración de enemigos del régimen, la incautación de los bienes a quienes era acusados de serlo... demuestran que la represión en la zona republicana no fue sólo espontánea, y que también estuvo promovida por medidas de ese gobierno.
(*) "La justicia popular contra el pueblo: los trágicos sucesos ocurridos en Aspe en julio de 1937". Revista del Vinalopó, número 12.
(**) "La guerra civil en Aspe. Las dos caras de la represión. El caso de la familia Calpena". Universidad de Alicante.
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