Más memoria histórica

    En el fondo esta ley sería como si un partido político con el que los socialistas tienen muchas discreprancias escribiera su historia oficial, y además se la impusiera. Se podría llamar Orwelliano. La ley de memoria democrática emite sentencias sin las garantías de un juicio y habría que añadir que sin tener las atribuciones. No somos juristas, pero el dictar sentencias debería corresponder a un sistema judicial, entre otras cosas porque ofrece más garantías de imparcialidad e independencia que un gobierno con una ideología determinada. Esta ley obliga por ejemplo a retirar placas en sitios públicos cuando no se ha demostrado en un juicio que las personas cuyos nombres aparecen en ellas sean culpables de algo, siendo más grave en el tema de las exhumaciones. En un procedimiento penal normal un acusado tiene el derecho a una defensa y a que se compruebe la veracidad de las pruebas que se presenten en su contra. Se nos dice por ejemplo que lo ha aconsejado una "comisión de...

Estatua de Largo Caballero en Madrid. Como es conocido Largo Caballero fue el cabecilla del intento de un golpe de estado en octubre de 1934 contra el gobierno de la II República, otros lo llaman huelga revolucionaria, en cualquier caso fue un intento violento de revertir el orden legal; "Revolución de 1934 y Revolución de Asturias. Tras la ruptura de la coalición republicano-socialista en septiembre de 1933, abogó por el abandono de la «vía parlamentaria» en favor de la «vía revolucionaria» para alcanzar el socialismo mediante la violencia, desplazando a los más moderados Prieto y Besteiro de la dirección de la UGT y del PSOE, posición que se acentúa tras la derrota de la izquierda en las elecciones parlamentarias de 1933. En el discurso que pronunció en la plaza de toros de Jaén el 5 de noviembre de 1933 durante un mitin electoral dijo lo siguiente:29​ Yo, que puedo decir que he recorrido toda la escala política, que he sido concejal, diputado provincial, diputad...

No somo juristas y la nuestra es una opinión. Dicen los argumentos del abogado del estado; "Apunta, además, que el derecho a recibir una sepultura digna de acuerdo con las propias convicciones religiosas “no incluye el derecho a no ser removido del lugar de enterramiento”, tal como resulta de las previsiones reglamentarias sobre exhumación de restos mortales de personas y sobre su traslado forzoso en caso de extinción del título de derecho funerario sin que eso suponga vulneración del artículo 16 de la Constitución" "Y precisa que no se debe confundir la decisión de exhumación autorizada legalmente, inspirada en un concreto interés general y a llevar a cabo en un inmueble público, con cuestiones accesorias, como el acceso al lugar en que se hallan los restos o el respeto a los derechos de los familiares, que no son absolutos o ilimitados". "En definitiva, no hay, subraya el Abogado del Estado, “una injerencia no autorizada, innecesaria ni despropor...